Resumen: La sentencia de instancia desestima la demanda y la Sala, tras rechazar la revisión de los hechos, por no tener incidencia, constar por remisión o directamente incorporados e inadmisión de documentos que acompaña al recurso de una adición al relato, razonando que En el caso enjuiciado no concurren las circunstancias precisas para aplicar la doctrina jurisprudencial que la recurrente reputa como infringida, por cuanto, no estamos ante un despido individual ejecución de otro colectivo, y tampoco se ha omitido la determinación absolutamente clara, precisa y concreta de los criterios de selección de los afectados, cuyos parámetros delimitadores aparecen descritos en la carta de despido, y, tal y como se indica en el noveno fundamento de derecho por las razones que se explicitan en el antepenúltimo párrafo del tercero, su veracidad fue acreditada testificalmente en juicio, configurándose mediante la aplicación de criterios objetivos. Tampoco la reducción de jornada por guarda legal otorga a la trabajadora ninguna preferencia legal de mantenimiento del empleo, sin que dicha opción legislativa contravenga la normativa comunitaria. Así pues, siendo lo enjuiciado un despido individual adoptado conforme a unos criterios de selección predefinidos que responden a factores neutros y objetivos, el simple hecho de que la demandante tuviese reducida su jornada por guarda legal [que no le otorga ninguna preferencia de conservación del empleo, ni es indicio de actuación dicriminatoria.
Resumen: Sobre la admisión del inicio revocación del acuerdo de derivación de responsabilidad señala la Sala que el que la ley otorgue a la Administración el ejercicio de una potestad discrecional, no puede entenderse como obstáculo para la revisión judicial de la legalidad de la Administración en el ejercicio de la misma, pues la CE encarga a los Tribunales el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. Por otro lado, no se puede olvidar que el ejercicio de potestades discrecionales no está exenta de elementos reglados y entre ellos el de la motivación cuya existencia y corrección jurídica es revisable ante la jurisdicción contenciosa. También el ejercicio de la potestad discrecional debe ser modulado para su sujeción a la legalidad y a los principios y finalidades que deben regir la actuación de la Administración. Así la recurribilidad de la resolución que se dicta en el procedimiento de revocación tiene sentido no sólo por la existencia de los límites que la Ley establece a la facultad de revocación, sino además porque en la propia ley se establecen como supuestos de la revocación motivos de legalidad, tales como que el acto dictado infrinja de manera manifiesta la ley o que se haya producido en el procedimiento indefensión, junto al supuesto relativo a la concurrencia de circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular y que pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.
Resumen: Delito: Falsedad en documento privado.Motivos: Presunción de inocencia (art. 24.2 CE). Error en la apreciación de la prueba (art. 849.2 LECrim). Atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada (art. 21.6ª CP).
Resumen: Liquidación de precios públicos sanitarios. Costes de asistencia sanitaria prestada por Covid-19 en hospitales del sistema público a los funcionarios públicos cubiertos por mutualidades como ISFAS, MUGEJU, MUFACE. Determinar la procedencia de la asunción de gastos médicos en que incurrieron los centros sanitarios públicos a los que fueron derivados los mutualistas afectados por Covid-19. Plantea idénticas cuestiones que los RCA/5769/2022 y 6210/2022.
